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Noticias

La Comision de la UE determina que los acuerdos transaccionales en cláusulas suelo son también abusivos.

El Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Teruel elevó al TJUE una cuestión prejudicial respecto de la sentencia del TS de 11 de abril de 2018, relativa a los acuerdos transaccionales en las cláusulas suelo.

La Comisión de la UE ha emitido el informe de Conclusiones previo, manteniendo la tesis de la abusividad, y de la necesidad de extender la nulidad de la cláusula a cualquier novación posterior.

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Presentación de demandas telemáticas

A la hora de presentar una demanda o escrito telemáticamente, es preciso tener en cuenta que la Generalitat establece una serie de recomendaciones. Entre ellas, destaca la que hace referencia a la nomenclatura de los documentos que se adjuntan a la demanda o escrito.

Los documentos a anexar a una demanda o escrito telemático son de dos tipos:

1.1 El documento principal: Es obligatorio. Es la Demanda o Escrito principal. El documento ha de comenzar como Doc00 y el resto del nombre es libre, pero se ha de denominar de la manera mas descriptiva posible.

1.2 Los documentos anexos: Se han de denominar de la siguiente manera:

DocXX – Descripción.

Los números han de ser de dos dígitos, esto es DOC01, DOC02, DOC03 ….., salvo que haya mas de 100 documentos, entonces han de ser de 3 digitos: DOC001, DOC002…DOC101, DOC102….

A continuación, una descripción suficiente del documento concreto que permita su identificación.

Si se añade algún documento no numerado (como por ejemplo, los poderes o designa del turno de oficio), debe denominarse como DOC00 y cargarlo después del escrito principal.

Es preciso considerar que el tipo de documento no afecta al orden, sino que éste únicamente viene determinado por el nombre (DOCXX – Descripción)

Podemos agrupar documentos del mismo tipo y nombrarlos de forma consecutiva, ejemplo: Doc04 a 08 – Albaranes.

Ejemplos:

Prescripción de la reclamación de gastos.

Adjuntamos una interesante sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), que DESESTIMA una reclamación de gastos de constitución de hipoteca, por entender que:

  • La acción de declaración de abusividad NO prescribe
  • La acción de reembolso derivada de la anterior acción está sujeta a plazo de prescripción (En Cataluña, 10 años)
 «19 . En definitiva y como conclusión, estimamos que la acción declarativa de nulidad es imprescriptible y,
por el contrario, que la acción de reembolso de los gastos indebidamente abonados está sujeta a plazo de prescripción.
 
»

Sobre el plazo de prescripción en Catalunya:

20 . En el presente caso resulta de aplicación el Código Civil de Catalunya, en concreto, el artículo 121-20 de la
Ley 29/2002, de 30 de diciembre , por el que »
las pretensiones de cualquier clase prescriben a los diez años, a menos que alguien haya adquirido antes el derecho por usucapión o que el presente Código o las leyes especiales dispongan otra cosa «

Sobre el dies a quo, se pronuncia:

 «25 . En este caso, la demandante pudo ejercitar la acción desde el momento en que hizo efectivos los gastos cuya restitución reclama. No estamos ante la nulidad de un contrato como tal sino ante la nulidad de una cláusula por abusiva, cláusula que desplegó y agotó todos sus efectos el 20 de diciembre de 2004. Descartamos que pueda posponerse el dies a quo a la fecha de la primera Sentencia del Tribunal Supremo que se pronunció sobre la nulidad de la cláusula de gastos o al momento en que se declara judicialmente su nulidad. Reproducimos al efecto los argumentos de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, de 1 de febrero de 2018 , que hacemos nuestros por su claridad y acierto: »

Al respecto de esta Sentencia, y especialmente del dies a quo para el cómputo de la prescripción, recomiendo este interesante artículo del Centro de Estudios de Consumo.

 

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El TS fija doctrina sobre los gastos hipotecarios.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en pleno, ha dictado varias sentencias fijando doctrina sobre algunas cuestiones relativas a cláusulas abusivas en contratos con consumidores sobre las que aún no se había pronunciado.

El gabinete técnico del T.S. ha publicado un resumen con una nota de prensa que puedes descargar aqui.

En resumen:

  • COMISIÓN DE APERTURA: El TS considera que es parte del precio y por tanto no cabe control de contenido, sino de solo de transparencia, que por otro lado considera cumplido de forma general. NO CABE SU RECLAMACIÓN.
  • COMISIÓN DE ESTUDIO: No se juzga en las sentencias analizadas, pero de su análisis podría concluirse que sí podría reclamarse, si además existe comisión de apertura (No pueden cobrarse ambas).
  • ARANCEL NOTARIAL:
    • CONSTITUCIÓN: Al 50% entre banco y consumidor. Ambos están interesados.
    • MODIFICACIÓN: Al 50% entre banco y consumidor. Ambos están interesados.
    • CANCELACIÓN: Al 100% al consumidor, es al único al que interesan.
    • COPIAS: Quien las solicite.
  • ARANCEL REGISTRAL:
    • CONSTITUCIÓN: Al 100% al banco.
    • MODIFICACIÓN: No lo determina.
    • CANCELACIÓN: Al 100% al consumidor.
  • GESTORÍA: Al 50% entre banco y consumidor.
  • TASACIÓN: No se ha pronunciado.
  • AJD: Evidentemente no modifica doctrina. Paga el prestatario.
  • INTERESES: Por otro lado, se confirma la STS 725/2018 de 19 de diciembre, de tal forma que se devengan intereses legales desde el pago.

    En consecuencia, para dar efectividad al tan mencionado art. 6.1 de la Directiva, en lo que respecta a los intereses que han de devengar las cantidades que debe percibir el consumidor, resulta aplicable analógicamente el art. 1896 CC, puesto que la calificación de la cláusula como abusiva es equiparable a la mala fe del predisponente. Conforme a dicho precepto, cuando haya de restituirse una cantidad de dinero deberá abonarse el interés legal desde el momento en que se recibió el pago indebido -en este caso, se produjo el beneficio indebido- ( sentencia 727/1991, de 22 de octubre). A su vez, la sentencia 331/1959, de 20 de mayo, declaró, en un supuesto de pago de lo indebido con mala fe del beneficiado, que la deuda de éste se incrementa con el interés legal desde la recepción, así como que la regla específica de intereses del art. 1896 CC excluye, ‘por su especialidad e incompatibilidad’, la general de los arts. 1101 y 1108 CC (preceptos considerados aplicables por la sentencia recurrida).»
Descargar nota del Gabinete Tecnico

 

Descargar STS 44/2019

 

Descargar STS 46/2019

 

Descargar STS 47/2019

 

Descargar STS 48/2019

 

Descargar STS 49/2019

 

Descargar STS 725/2018 en PDF

 

 

Festivos 2019

Adjuntamos el calendario de festivos autonómicos y locales para toda Catalunya, para el año 2019.

Festivos Autonómicos Catalunya

 

Festivos Locales Catalunya

 

Requisitos de admisión de los recursos ante el Tribunal Supremo

Adjunto una interesante sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2018 (ponente D. Rafael Saraza), que analiza los requisitos procesales para la admisión de los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación que determinan su desestimación, por concurrir causa de inadmisión.

Igualmente, adjunto el acuerdo sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, del Pleno no jurisdiccional de 27 de enero de 2017.

 

Descargar Acuerdos de 27 de enero de 2017 en PDF

 

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RD-LEY 21/2018, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler

El BOE de hoy martes 18 de diciembre publica el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que entrará en vigor mañana miércoles 19 de diciembre de 2018. En lo que respecta a los aspectos procesales, hay que tener en cuenta la reforma de los artículos 441, 549 y 686 de la LEC, que se hace en el artículo Tercero de este RD-Ley.

Los cambios mas importantes son:

  • Prórroga forzosa del contrato a 5 años si el propietario es persona física y 7 si es persona jurídica.
  • Exención de ITP-AJD en contratos de vivienda
  • Obligatoriedad de comunicar la posibilidad de ir a Servicios Sociales, cuando se emplaza para contestar demanda y posibilidad de suspender el procedimiento 1 o 2 meses para ello.

Resumen:

MODIFICACIONES DE LA LAU:

  • Se excluyen de la LAU las viviendas de mas de 300 m2 y de mas de 5,5 veces el SMI. (Art. 4.2 LAU) 

    Redacción anterior: «1. Se considera arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.
    2. Las normas reguladoras del arrendamiento de vivienda se aplicarán también al mobiliario, los trasteros, las plazas de garaje y cualesquiera otras dependencias, espacios arrendados o servicios cedidos como accesorios de la finca por el mismo arrendador.»
    Nuevo redactado:
    «2. Respetando lo establecido en el apartado anterior, los arrendamientos de vivienda se regirán por los pactos, cláusulas y condiciones determinados por la voluntad de las partes, en el marco de lo establecido en el título II de la presente ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil.
    Se exceptúan de lo así dispuesto los arrendamientos de viviendas cuya superficie sea superior a 300 metros cuadrados o en los que la renta inicial en cómputo anual exceda de 5,5 veces el salario mínimo interprofesional en cómputo anual y el arrendamiento corresponda a la totalidad de la vivienda. Estos arrendamientos se regirán por la voluntad de las partes, en su defecto, por lo dispuesto en el Título II de la presente ley y, supletoriamente, por las disposiciones del Código Civil.»
  • Añade una exclusión para arrendamientos turísticos. 

    «e) La cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística o por cualquier otro modo de comercialización o promoción, y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial turística.»
  • Fija la prórroga obligatoria a 5 años en caso de propietarios-personas físicas, y a 7 años en caso de propietarios-personas jurídicas. 

    Art. 9: 1. La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Si esta fuera inferior a cinco años, o inferior a siete años si el arrendador fuese persona jurídica, llegado el día del vencimiento del contrato, este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de cinco años, o de siete años si el arrendador fuese persona jurídica, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo.
    El plazo comenzará a contarse desde la fecha del contrato o desde la puesta del inmueble a disposición del arrendatario si esta fuere posterior. Corresponderá al arrendatario la prueba de la fecha de la puesta a disposición.
    2. Se entenderán celebrados por un año los arrendamientos para los que no se haya estipulado plazo de duración o este sea indeterminado, sin perjuicio del derecho de prórroga anual para el arrendatario, en los términos resultantes del apartado anterior.
    3. No procederá la prórroga obligatoria del contrato si, una vez transcurrido el primer año de duración del mismo, el arrendador comunica al arrendatario que tiene necesidad de la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial. La referida comunicación deberá realizarse al arrendatario al menos con dos meses de antelación a la fecha en la que la vivienda se vaya a necesitar y el arrendatario estará obligado a entregar la finca arrendada en dicho plazo si las partes no llegan a un acuerdo distinto.
    Si transcurridos tres meses a contar de la extinción del contrato o, en su caso, del efectivo desalojo de la vivienda, no hubieran procedido el arrendador o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial a ocupar esta por sí, según los casos, el arrendatario podrá optar, en el plazo de treinta días, entre ser repuesto en el uso y disfrute de la vivienda arrendada por un nuevo período de hasta cinco años, o de siete años si el arrendador fuese persona jurídica, respetando, en lo demás, las condiciones contractuales existentes al tiempo de la extinción, con indemnización de los gastos que el desalojo de la vivienda le hubiera supuesto hasta el momento de la reocupación, o ser indemnizado por una cantidad equivalente a una mensualidad por cada año que quedara por cumplir hasta completar cinco años, o siete años si el arrendador fuese persona jurídica, salvo que la ocupación no hubiera tenido lugar por causa de fuerza mayor, entendiéndose por tal, el impedimento provocado por aquellos sucesos expresamente mencionados en norma de rango de Ley a los que se atribuya el carácter de fuerza mayor, u otros que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables.
    4. Tratándose de finca no inscrita, también durarán cinco años, o siete años si el arrendador fuese persona jurídica, los arrendamientos de vivienda que el arrendatario haya concertado de buena fe con la persona que parezca ser propietaria en virtud de un estado de cosas cuya creación sea imputable al verdadero propietario, sin perjuicio de la facultad de no renovación a que se refiere el apartado 1 de este artículo. Si el arrendador enajenase la vivienda arrendada, se estará a lo dispuesto en el artículo 1.571 del Código Civil. Si fuere vencido en juicio por el verdadero propietario, se estará a lo dispuesto en el citado artículo 1.571 del Código Civil, además de que corresponda indemnizar los daños y perjuicios causados.
  • Tras la prórroga obligatoria, anteriormente el contrato se renovaba por anualidades hasta un máximo de 3, ahora la prórroga es necesariamente de 3 años. 

    Artículo 10. Prórroga del contrato.
    «1. Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurridos como mínimo cinco años de duración de aquel, o siete años si el arrendador fuese persona jurídica, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con treinta días de antelación a aquella fecha, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará necesariamente durante tres años más.
    2. Una vez inscrito el contrato de arrendamiento, el derecho de prórroga establecido en el artículo 9, así como la prórroga de tres años a la que se refiere el apartado anterior, se impondrán en relación a terceros adquirentes que reúnan las condiciones del artículo 34 de la Ley Hipotecaria.
    3. Al contrato prorrogado, le seguirá siendo de aplicación el régimen legal y convencional al que estuviera sometido.
  • Modifica el art. 18, en cuanto a la actualización de rentas, introduciendo los contratos de «renta reducida». 

    1. Durante la vigencia del contrato, la renta solo podrá ser revisada por el arrendador o el arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato, en los términos pactados por las partes. En defecto de pacto expreso, no se aplicará revisión de rentas a los contratos.
    En caso de pacto expreso entre las partes sobre algún mecanismo de revisión de valores monetarios que no detalle el índice o metodología de referencia, la renta se revisará para cada anualidad por referencia a la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad a fecha de cada revisión, tomando como mes de referencia para la revisión el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de revisión del contrato.
    En los contratos de arrendamiento de renta reducida, de hasta cinco años de duración, o de hasta siete años si el arrendador fuese persona jurídica, el incremento producido como consecuencia de la actualización anual de la renta no podrá exceder del resultado de aplicar la variación porcentual experimentada por el Índice de Precios al Consumo a fecha de cada revisión, tomando como mes de referencia para la revisión el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de revisión del contrato. A estos efectos, se entenderá como “renta reducida” la que se encuentre por debajo de la establecida, para el conjunto del Estado y con carácter general, en el Real Decreto que regule el plan estatal de vivienda vigente a los efectos de tener habilitada la posibilidad de acogerse a algún programa de ayudas al alquiler.»
  • Modifica el art. 20, para imputar al arrendador los gastos de formalización de contrato si éste es persona jurídica. 


    Los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán a cargo del arrendador, cuando este sea persona jurídica, salvo en el caso de aquellos servicios que hayan sido contratados por iniciativa directa del arrendatario
  • Se establece la prohibición de que la fianza ADICIONAL a la obligatoria sea superior a dos mensualidades. Por tanto, las fianzas y avales no podrán ser superiores en total a tres mensualidades. 

    Art. 36.5: 5. Las partes podrán pactar cualquier tipo de garantía del cumplimiento por el arrendatario de sus obligaciones arrendaticias adicional a la fianza en metálico.
    En el caso del arrendamiento de vivienda, en contratos de hasta cinco años de duración, o de hasta siete años si el arrendador fuese persona jurídica, el valor de esta garantía adicional no podrá exceder de dos mensualidades de renta

MODIFICACIONES SOBRE EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL:

Modificaciones sobre la Ley 49/1960:

  • Se amplia el fondo de reserva de las comunidades al 10% (antes el 5%) 

    f) Contribuir, con arreglo a su respectiva cuota de participación, a la dotación del fondo de reserva que existirá en la comunidad de propietarios para atender las obras de conservación y reparación de la finca, así como la realización de las obras de accesibilidad recogidas en el artículo Diez.1.b) de esta Ley.
    El fondo de reserva, cuya titularidad corresponde a todos los efectos a la comunidad, estará dotado con una cantidad que en ningún caso podrá ser inferior al 10 por ciento de su último presupuesto ordinario.
    Con cargo al fondo de reserva la comunidad podrá suscribir un contrato de seguro que cubra los daños causados en la finca o bien concluir un contrato de mantenimiento permanente del inmueble y sus instalaciones generales
  • Se añade la obligatoriedad de ejecutar las obras para garantizar la accesibilidad  si las subvenciones alcanzan el 75% de las mismas. 

    Art. Diez.1: b) Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido.
    También será obligatorio realizar estas obras cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas.
  • Los acuerdos que limiten el uso turístico de viviendas pueden aprobarse con los 3/5 de la comunidad. 

    Art. Diecisiete.12: «12. El acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad a que se refiere la letra e) del artículo 5 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los términos establecidos en la normativa sectorial turística, suponga o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. Asimismo, esta misma mayoría se requerirá para el acuerdo por el que se establezcan cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20%. Estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos.»

MODIFICACIONES DE LA LEC:

  • Se añade la obligación de informar al demandado de que puede acudir a servicios sociales, y si lo hace, se suspenderá el proceso por un mes si el arrendador es persona física y dos meses si es jurídica. 

    Art. 441. «1 ter. En el requerimiento de pago al demandado, se informará al mismo de la posibilidad de que acuda a los servicios sociales, y en su caso, de la posibilidad de autorizar la cesión de sus datos a estos, a efectos de que puedan apreciar la posible situación de vulnerabilidad. En caso de que la Administración competente apreciase indicios de la existencia de dicha situación, se notificará al órgano judicial inmediatamente. Recibida dicha comunicación, el Letrado de la Administración de Justicia suspenderá el proceso hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas, durante un plazo máximo de suspensión de un mes a contar desde la recepción de la comunicación de los Servicios Sociales al órgano judicial, o de dos meses si el demandante es una persona jurídica. Una vez adoptadas las medidas o transcurrido el plazo se alzará la suspensión y continuará el procedimiento por sus trámites. En estos supuestos, la cédula de emplazamiento al demandado habrá de contener datos de identificación de los Servicios Sociales a los que puede acudir el ciudadano.»
  • Se obliga a la comunicación anterior cuando se vaya a producir el lanzamiento de los procedimientos actuales, modificando el art. 549. 

    Art. 549.4 4. El plazo de espera legal al que se refiere el artículo anterior no será de aplicación en la ejecución de resoluciones de condena de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, o por expiración legal o contractual del plazo, que se regirá por lo previsto en tales casos.
    No obstante, cuando se trate de vivienda habitual, con carácter previo al lanzamiento, deberá haberse procedido en los términos del artículo 441 de esta Ley
  • De igual modo se procederá en lanzamientos hipotecarios. Para ello se modifica el art. 686 

    1. En el auto por el que se autorice y despache la ejecución se mandará requerir de pago al deudor y, en su caso, al hipotecante no deudor o al tercer poseedor contra quienes se hubiere dirigido la demanda, en el domicilio que resulte vigente en el Registro.
    En el requerimiento a que se refiere el párrafo anterior habrán de incluirse las indicaciones contenidas en el apartado 1 ter del artículo 441, produciendo iguales efectos.

Medidas económicas y fiscales en materia de vivienda y alquiler

Modificaciones del Real Decreto Ley 2/2004 de 5 de marzo.

  • Se excluye la repercursión de impuestos a los inmuebles de renta reducida propiedad de la Administración. 

    Art. 63. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común.
    Las Administraciones Públicas y los entes u organismos a que se refiere el apartado anterior repercutirán la parte de la cuota líquida del impuesto que corresponda en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales, los cuales estarán obligados a soportar la repercusión. A tal efecto la cuota repercutible se determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie utilizada y a la construcción directamente vinculada a cada arrendatario o cesionario del derecho de uso. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en el supuesto de alquiler de inmueble de uso residencial con renta limitada por una norma jurídica.
  • Se fija la posibilidad de recargos en el IBI para inmuebles desocupados. 

    Art. 72.4. 4. Dentro de los límites resultantes de lo dispuesto en los apartados anteriores, los ayuntamientos podrán establecer, para los bienes inmuebles urbanos, excluidos los de uso residencial, tipos diferenciados atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones. Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal.
    Dichos tipos solo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por ciento de los bienes inmuebles urbanos del término municipal que, para cada uso, tenga mayor valor catastral, a cuyo efecto la ordenanza fiscal del impuesto señalará el correspondiente umbral de valor para todos o cada uno de los usos, a partir del cual serán de aplicación los tipos incrementados.
    Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto. Dentro de este límite, los ayuntamientos podrán determinar mediante ordenanza fiscal un único recargo o varios en función de la duración del período de desocupación del inmueble.
    El recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo, se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente por los ayuntamientos, una vez constatada la desocupación del inmueble en tal fecha, juntamente con el acto administrativo por el que esta se declare.
    A estos efectos tendrá la consideración de inmueble desocupado con carácter permanente aquel que permanezca desocupado de acuerdo con lo que se establezca en la correspondiente normativa sectorial de vivienda, autonómica o estatal, con rango de ley, y conforme a los requisitos, medios de prueba y procedimiento que establezca la ordenanza fiscal. En todo caso, la declaración municipal como inmueble desocupado con carácter permanente exigirá la previa audiencia del sujeto pasivo y la acreditación por el Ayuntamiento de los indicios de desocupación, a regular en dicha ordenanza, dentro de los cuales podrán figurar los relativos a los datos del padrón municipal, así como los consumos de servicios de suministro.
  • Se introduce la posibilidad de bonificaciones en el IBI para viviendas de renta limitada. 

    Art. 74.6 6. Los ayuntamientos mediante ordenanza fiscal podrán establecer una bonificación de hasta el 95 por ciento en la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles de uso residencial destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma jurídica.

MODIFICACION DE LA LEY ITP-AJD

  • Se exceptuan del pago de ITP los alquileres de vivienda sujetos a la LAU. 

    Art. 45.I.B: 26. (excepciones) Los arrendamientos de vivienda para uso estable y permanente a los que se refiere el artículo 2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

 

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Acuerdos de unificación de criterios de la AP Barcelona sobre monitorios en contratación por vía electrónica

ACUERDOS UNIFICACIÓN CRITERIOS DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA sobre Admisión de monitorios en contratación por vía electrónica.

Os damos traslado de los Acuerdos de unificación de criterios de las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Barcelona adoptados por unanimidad por los Presidentes de las Secciones, en la reunión de fecha 9 de noviembre de 2018 en relación con la Admisión de monitorios en contratación por vía electrónica.

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STS sobre validez de cláusula suelo

No todas las sentencias del Supremo dan la razón al consumidor, que mantiene firme la doctrina implantada en STS de 9 de mayo de 2013, en cuanto a la necesidad de transparencia formal y gramatical.

En esta sentencia, el Alto Tribunal entiende que de las mismas declaraciones del consumidor, CONOCIA la existencia de la cláusula, lo cual impide declarar su nulidad por falta de transparencia.

 

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SAP Bilbao sobre imprescriptibilidad de accion de nulidad de clausulas abusivas

Sentencia de la AP de Bilbao que resuelve sobre los siguientes puntos:

  • Imprescriptibilidad de la acción de nulidad de cláusulas abusivas. Resuelve sobre un préstamo ya cancelado.
  • Imposición de gastos al banco, excepto notaría, al 50%.
  • Imposición de costas al banco por estimación SUSTANCIAL de la demanda
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