93 729 84 52
info@lopezmanso.com

Cláusulas Abusivas

Primera sentencia de la AP Madrid que declara nulo el IRPH

Reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que declara NULA la cláusula que referencia el tipo de interés al IRPH, por considerarla abusiva en aplicación de la doctrina establecida a través de la STS de 9 de mayo de 2013 (para cláusulas suelo), y la sustituye por una referencia a EURIBOR.

La sentencia considera que la cláusula no supera el doble control de transparencia, al no permitir al consumidor la comparación con otros préstamos de la competencia, por no permitirle su identificación y comprensión real de los riesgos asumidos:

«Pues bien, partiendo de la precitada doctrina, lo relevante es no solo que la clausula de interés variable supere el filtro de «incorporación» al contrato, es decir que sea clara su redacción gramatical, que lo es; sino también que supere el segundo filtro de «transparencia», es decir, que permita al consumidor identificarla y comprenderla como definidora del objeto principal del contrato para así conocer el reparto real de riesgos de la variabilidad de los tipos.»

Descargar Sentencia en PDF

 

Nulidad cláusula suelo en personas jurídicas, aplicación estricta de la LCGC

Adjuntamos una reciente Sentencia de nuestro Alto Tribunal que se pronuncia sobre la posible nulidad de cláusula suelo en personas jurídicas actuantes como NO CONSUMIDORES.

Determina el TS que no es posible la aplicación de la normativa de consumidores si el empresario actúa en su ámbito empresarial al momento de celebrar el contrato, no pudiendo aducir la abusividad de la cláusula ni la falta de transparencia de la misma como fundamento para instar su nulidad, pero advierte que por el contrario sí es posible instar la falta de incorporación, pero en virtud de los arts. 5.5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación.

Considera que la actuación del banco debe ceñirse al principio general de buena fe, sin que las cláusulas que modifican el contenido del contrato que se ha representado el adherente puedan considerarse sujetas a dicho principio:

«Para ello, puede considerarse que la virtualidad del principio general de buena fe como norma modeladora del contenido contractual, capaz de expulsar determinadas cláusulas del contrato, es defendible, al menos, para las cláusulas que suponen un desequilibrio de la posición contractual del adherente, es decir, aquellas que modifican subrepticiamente el contenido que el adherente había podido representarse como pactado conforme a la propia naturaleza y funcionalidad del contrato; en el sentido de que puede resultar contrario a la buena fe intentar sacar ventaja de la predisposición, imposición y falta de negociación de cláusulas que perjudican al adherente. Así, el art. 1258 CC ha sido invocado para blindar, frente a pactos sorprendentes, lo que se conoce como el contenido natural del contrato (las consecuencias que, conforme a la buena fe, y según las circunstancias -publicidad, actos preparatorios, etc- se derivan de la naturaleza del contrato).»

Por ello, la introducción sorpresiva de una cláusula suelo que limita la variabilidad del interés variable concertado por el adherente, choca frontalmente con dicho principio de buena fe:

«3.- Con la limitación que conlleva el control sobre el precio (interés remuneratorio), en el supuesto específico de la denominada cláusula suelo, el carácter sorpresivo contrario a la buena fe vendría determinado por la contradicción entre la concertación de un interés variable y la limitación a dicha variabilidad proveniente de una condición general. Entronca este criterio con la regla de las «cláusulas sorprendentes»»

Pero la carga de la prueba recae sobre el adherente

«Y como quiera que el adherente no es consumidor, operan las reglas generales de la carga de la prueba. Por lo que habrá de ser el prestatario que pretende la nulidad de una condición general desde el punto de vista de la buena fe, alegando la introducción de una estipulación sorprendente que desnaturaliza el contrato y frustra sus legítimas expectativas, quien acredite la inexistencia o insuficiencia de la información y quien, ya desde la demanda, indique cuáles son sus circunstancias personales que pueden haber influido en la negociación y en qué medida la cláusula le fue impuesta abusivamente.»

Que además deberá probar, como medidas de la sorpresividad de la cláusula:

1. El nivel de información proporcionado
2. La diligencia empleada por el prestatario

«Para que pueda estimarse que concurren tales circunstancias, habrá que tomar en consideración el nivel de información proporcionado, pues una correcta información excluiría el factor sorpresivo, y la diligencia empleada por el prestatario adherente para conocer las consecuencias económicas y jurídicas del préstamo y los posibles efectos futuros de la condición general discutida sobre el coste del crédito. Diligencia exigible al empresario adherente que dependerá, en gran medida, de sus circunstancias subjetivas, como personalidad jurídico-mercantil, volumen de negocio, estructura societaria, experiencia, conocimientos financieros, asesoramiento, etc.»

No es suficiente con probar que el banco no ofreció la información suficiente y adecuada, sino que además el empresario no se interesó por su obtención con la diligencia adecuada a su capacidad concreta.

Descargar Sentencia en PDF

Suspensión de las apelaciones por vencimiento anticipado

Adjuntamos los últimos acuerdos de unificación de criterios de la Audiencia Provincial de Barcelona, del pasado 10 de febrero, que acuerdan:

  • Suspensión de todos los recursos sobre la cláusula de vencimiento anticipado, hasta la resolución de la cuestión prejudicial planteada al TJUE por el TS (siempre que el deudor sea consumidor)

 

  • Determinan la exigibilidad de la consignación prevista en el art. 449.3 LEC en el proceso de ejecución basado en el auto de cuantía máxima.

 

Descargar en PDF

Sentencia declarando nulo IRPH en Chiclana

Extraída de la página de asufin adjuntamos Sentencia dictada por el Juzgado de Chiclana que declara la NULIDAD de la cláusula que referencia el tipo de interés al IRPH de cajas, y como sustitutivo al de entidades, dejando el préstamo sin tipo remuneratorio alguno.

Declara la sentencia que la cláusula es una condición general de la contratación, que no fue negociada entre las partes, sino impuesta por la financiera al consumidor.

Y la declara nula por no superar el doble control de transparencia, entendiendo que el consumidor no pudo conocer la carga economica real que suponia aceptar la cláusula en cuestión, considerando probado que la entidad nunca proporcionó información clara, comprensible y detallada sobre el tipo de referencia (principal y sustitutivo) a aplicar en el préstamo.

Descargar sentencia completa en PDF

 

La Audiencia de Pontevedra se pronuncia sobre los gastos de Hipoteca

La Sección primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha establecido su criterio sobre los efectos de la declaración de la nulidad de las cláusulas de gastos en contratos de préstamos hipotecarios, concluyendo que tanto el impuesto que grava la operación de préstamo con garantía hipotecaria, como los gastos de notario, corresponden al prestatario (salvo las copias que corresponden a la entidad bancaria).

Fundamenta dicha decisión en el hecho de que la supresión de la cláusula obliga a las partes a remitirse a la normativa reguladora, que decidirá a quién corresponde soportar el concreto gasto (aranceles, gestoría e impuestos).

En resumen, determina la devolución de los gastos de Registro, pero no de los impuestos ni de los gastos de notario, sin pronunciarse sobre gastos de gestoría o tasación por no ser objeto de recurso.

Gastos de Registro:

Con respecto a los gastos derivados de la inscripción en el Registro de la Propiedad, la Sala entiende que, conforme a la norma octava del anexo II del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, (Arancel de los Registradores de la Propiedad), deben ser asumidos por aquel a favor de quien se inscribe el derecho, que en este caso es la entidad bancaria. Por tanto, estima que deben ser DEVUELTOS al prestatario, que los pagó exclusivamente por razón de la cláusula anulada.

Gastos de Notario:

En ausencia de la cláusula declarada nula, debe aplicarse la norma aplicable que determine quien debe abonar los gastos de notaría, que en este caso es la Norma Sexta del Anexo II (Normas generales de aplicación) del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Notarios:

«Sexta. – La obligación de pago de los derechos corresponderá a los que hubieren requerido la prestación de funciones o los servicios del Notario y, en su caso, a los interesados según las normas sustantivas y fiscales, y si fueren varios, a todos ellos solidariamente.»

En aplicación de esta norma, dictamina la Audiencia que los gastos de notario deberán ser por tantos abonados por aquel que haya solicitado sus servicios, determinando que debe ser el prestatario, salvo la expedición de copias a favor de la entidad bancaria, por haber sido aquel el que inició todo el mecanismo:

«La verdad, es que no compartimos exactamente la afirmación de que el otorgamiento del documento que general el arancel por el Notario, sea del exclusivo interés del prestatario, la documentación pública interesa y conviene a ambas partes como concierto de voluntades que contiene: el prestamista se ve protegido en caso de incumplimiento por el prestatario (pago de las cuotas, por ej.) y éste en caso de incumplimiento de la entidad de crédito (plazo, tipo de interés..por ej.), además de las exigencias de legalidad e imparcialidad a que se contrae el art. 147 del RN. Así es, en la práctica, tratándose de préstamos hipotecarios, lo habitual es que se encargue formalmente la escritura tanto por el comprador personalmente o a través de la agencia inmobiliaria que le ha auxiliado en la compra del inmueble o del gestor que le buscó la financiación (cada vez más habitual), como por la entidad de crédito; aunque en el fondo la realidad del tema o lo que tenemos que preguntarnos es ¿quién ha activado todo el mecanismo? Parece que la respuesta lógica es que fue la parte compradora y prestataria, la cual está interesada en la adquisición de un inmueble mediante compraventa y para la que el préstamo hipotecario es el medio de satisfacer todo o parte del precio de la vivienda«.

Finalmente, concluye la Audiencia que, si no podemos determinar quien es efectivamente el interesado, debemos entonces fijarnos en el segundo criterio fijado en el Arancel, «que viene a imputar los gastos de las escrituras al obligado fiscalmente al pago del impuesto de ellas derivado, tenemos que concluir también, como antes ya aclaramos, que no es otro que el prestatario.»

Consecuencias de la nulidad de la cláusula del pago de tributos:

El Tribunal Supremo viene a declarar en la STS de 23 de diciembre de 2015 enjuiciando la cláusula del préstamo hipotecario examinado, que la misma es abusiva. Según el Alto Tribunal «la imputación en exclusiva al comprador/consumidor de los tributos derivados de la transmisión» es una cláusula abusiva «por limitar los derechos que sobre distribución de la carga tributaria estaban previstos en la legislación fiscal, por lo que la condición general que contuviese dicha previsión debía ser reputada nula«.

Sin embargo, señala la Audiencia de Pontevedra que se ha de tener en cuenta que no es la Sala Primera sino la Tercera del TS, la competente para realizar la consideración previa de que el sujeto pasivo en el impuesto que grava el préstamo hipotecario es la entidad prestamista, sin perjuicio de las consideraciones que realice aquella Sala a los meros efectos prejudiciales.

Así pues, si bien considera que la cláusula por su vocación de generalidad es nula y debe expulsarse del contrato, “otra cosa será la atribución del gasto en cada caso concreto, cuestión que a la jurisdicción civil en relación con la obligación tributaria no compete determinar”, y que debe seguir el régimen impositivo en cuanto al sujeto pasivo que determine la Ley.

En el caso concreto, pese a que sea declarada nula la cláusula de gastos no procede la devolución del pago por el concepto Impuesto de transmisiones y actos jurídicos, «toda vez que se ha pagado por quien según la norma que rige el impuesto, que es imperativa, correspondía.»

En efecto, continúa la Sala, «el artículo 68 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados al determinar el contribuyente, dice que será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan. Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario. La norma desarrolla lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley del Impuesto y sitúa como sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados de forma expresa«.

Gastos de gestoría y tasación:

La sentencia no se pronuncia, por no haber sido objeto de recurso.

Descargar sentencia completa en PDF

Clausula suelo: Requisitos de transparencia

Adjuntamos la STS de 9 de marzo de 2017 que resuelve declarar la VALIDEZ de una cláusula suelo por entender que no se produjo el requisito de falta de transparencia, y ello como consecuencia de que efectivamente hubo una negociación expresa en las condiciones del préstamo que incluían la cláusula suelo, incluyendo simulaciones concretas.

Dice la Sentencia que cabe el control de abusividad únicamente si la cláusula no es transparente, definiendo que dicha transparencia (más allá de la gramatical) debe referirse a la carga económica de la cláusula:

Conforme a esta jurisprudencia, el control de transparencia tiene su justificación en el art. 4.2 de la Directiva 93/13 , según el cual el control de contenido no puede referirse «a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible». Esto es, cabe el control de abusividad de una cláusula relativa al precio y a la contraprestación si no es transparente. «[El control de transparencia] como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta, esto es, fuera del ámbito de interpretación general del Código Civil del ‘error propio’ o ‘error vicio’, cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la ‘carga económica’ que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la ‘carga jurídica’ del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo» ( sentencias 406/2012, de 18 de junio , y 241/2013, de 9 de mayo ).

La STS de 9 de mayo de 2013 declaraba la abusividad básicamente por la AUSENCIA de información:

La ratio de la sentencia 241/2013, de 9 de mayo , era básicamente que la ausencia de una información suficiente por parte del banco de la existencia de la cláusula suelo y de sus consecuencias en el caso en que bajara el tipo de referencia más allá de aquel límite, y la inclusión de tal cláusula en el contrato de forma sorpresiva, oculta entre una profusión de cláusulas financieras, provoca una alteración subrepticia del precio del crédito, sobre el que los prestatarios creían haber dado su consentimiento a partir de la información proporcionada por el banco en la fase precontractual. De tal forma que un consumidor, con la información suministrada, entendería que el precio del crédito estaría constituido por el tipo de referencia variable más el diferencial pactados

La información no tiene porqué estar en la cláusula o en el contrato, sino que puede encontrarse en documentos accesorios, o incluso en la labor notarial:

 En una acción individual como la presente, el juicio sobre la transparencia de la cláusula no tiene por qué atender exclusivamente al documento en el cual está inserta o a los documentos relacionados, como la previa oferta vinculante, sino que pueden tenerse en consideración otros medios a través de los cuales se pudo cumplir con la exigencia de que la cláusula en cuestión no pasara inadvertida para el consumidor y que este estuviera en condiciones de percatarse de la carga económica y jurídica que implicaba.

En este sentido, en la contratación de préstamos hipotecarios, puede ser un elemento a valorar la labor del notario que autoriza la operación, en cuanto que puede cerciorarse de la transparencia de este tipo de cláusulas (con toda la exigencia de claridad en la información que lleva consigo) y acabar de cumplir con las exigencias de información que subyacen al deber de transparencia

Y la Sentencia finalmente desestima la abusividad de la cláusula, al entender que fue negociada y por tanto suficientemente conocida por los contratantes:

 Se añade, a continuación, que la prueba practicada acredita que la cláusula fue negociada individualmente entre los demandantes y la Caja Rural, como lo muestra que se aplicó como suelo un tipo inferior al que venía usando la entidad, y que la notario que autorizó la escritura expresamente advirtió a los contratantes de la cláusula de variación del tipo de interés. A la vista de lo anterior, la sentencia recurrida concluye que los demandantes «conocían con precisión el alcance y las consecuencias de la aplicación de la referida «cláusula suelo», que negociaron individualmente y terminaron por aceptar en uso de su autonomía negocial»

Descargar sentencia en PDF

Sentencia del Juzgado de Granollers sobre Gastos de Hipoteca y Suelo.

Adjuntamos una interesante Sentencia del Juzgado nº 6 de Granollers en relación con una hipoteca procedente de Caixa Catalunya (ahora BBVA) que en el mismo sentido que la que ya publicamos en su día, dictada por el Juzgado de Oviedo, declara:

  • La abusividad de la cláusula suelo y la retroactividad total, incluso habiendo sido aplicada por el banco la STS de mayo de 2013, y habiendo por tanto eliminado la cláusula desde dicha fecha.
  • La abusividad de la cláusula de imposición de gastos a la prestataria, en aplicación de la STS de 23 de diciembre de 2015, obligando al banco a la devolución de gastos de notario, registro e ITP-AJD.
Descargar sentencia completa en PDF

 

Jurisprudencia: Abusividad de la Comisión por posición deudora

Adjuntamos un breve resumen de Jurisprudencia sobre la declaración de abusividad de las Comisiones por Posiciones Deudoras (comisiones por impago de cuotas de hipoteca, o por «números rojos» en la cuenta).

La asociación de consumidores vasca URKOA presentó una demanda contra Kutxabanc en ejercicio de la acción de cesación colectiva a fin de reclamar que «Se declare que la comisión por reclamación de posiciones deudora es contraria a Derecho«, habiendo sido ESTIMADA en primera instancia, y confirmada por la Audiencia de Alava.

Actualmente se encuentra recurrida por Kutxabanc frente al Tribunal Supremo.

 

Descargar sentencia 1ª Instancia en PDF Descargar sentencia Audiencia en PDF

 

En el mismo sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de Madrid, mediante esta sentencia.

Por otro lado, El Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, ha impuesto una serie de sanciones de 30.000 euros a diferentes entidades financieras por la aplicación de esta cláusula. Aunque las entidades recurrieron dicha sanción, hasta la fecha han sido desestimados todos los recursos, incluso en el TSJ.

Abusividad de la clausula de responsabilidad ilimitada del prestatario y del avalista

Adjuntamos una interesante Sentencia del Juzgado Mercantil nº 10 de Barcelona, que declara abusiva la cláusula de responsabilidad personal ilimitada del prestatario, así como la cláusula de responsabilidad del avalista.

Descargar sentencia en PDF

Sentencia sobre los gastos de formalización de la Hipoteca.

El Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Oviedo se pronunció el pasado 13 de diciembre de 2016, dictando sentencia relativa a los gastos de formalización de la hipoteca.

En aplicación de la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en Sentencia de 23 de diciembre de 2015, declara abusiva la cláusula que impone los gastos de formalización de hipoteca al prestatario, y obliga a a entidad financiera a su devolución, SALVO los impuestos devengados (AJD) que en aplicación del art. 68 del Reglamento de ITP-AJD, considera que deben correr a cargo del consumidor.

Descargar sentencia completa en PDF

 

A %d blogueros les gusta esto: