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Cláusulas Abusivas

Sentencia TS sobre IRPH

Adjuntamos el contenido COMPLETO de la reciente sentencia dictada AYER, 14 de Diciembre de 2017, por el Tribunal Supremo, sobre la posible nulidad de la referencia de un préstamo hipotecario al tipo de interés IRPH.

Conforme al extracto efectuado por el Gabinete técnico del Alto Tribunal, podemos resumir lo siguiente:

La cláusula es una condición general de la contratación, que hace referencia a un índice legal en cuanto al precio del producto, por lo sólo cabe el análisis de transparencia de la cláusula que lo incorpora, pero no del índice en sí mismo. 

Un consumidor medio debe conocer la existencia de diferentes índices legales, por lo que NO ES PRECISO QUE EL BANCO OFREZCA COMPARACIONES entre ellos, delegando esta tarea en el consumidor.

No es posible determinar la abusividad de la cláusula basándose en un control de precios.

La sentencia argumenta su decisión a través de 4 fundamentos principales:

  1. Determina que la cláusula es una CONDICION GENERAL DE LA CONTRATACION, al no constar que fuera negociada individualmente y cumplir todos los requisitos para ello.
  2. Afirma que al utilizar un índice definido legalmente, no corresponde al control de la jurisdicción civil conocer si dicho índice aplica o no la normativa reguladora, sino a la Administración. Por tanto, el IRPH como tal no puede ser objeto de control de transparencia, puesto que tanto la LCGC como la Directiva 93/13, excluyen de su ámbito de aplicación las condiciones generales que reflejen disposiciones legales o administrativas, aunque sí pueda serlo la cláusula que lo incorpora.
  3. Dado el carácter esencial de la propia cláusula, entiende que no es función del banco la comparación entre índices, y que un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, debería conocer que se utilizan diferentes sistemas de cálculo del interés variable y comparar las condiciones utilizadas por los distintos prestamistas en un elemento tan esencial como el propio precio del préstamo.
  4. Afirma que no es posible determinar que el Euribor haya sido más barato que el IRPH, por diversos motivos:
    1. Dicha circunstancia se hace desde un sesgo retrospectivo que no puede servir de pauta para el control de transparencia- que debe hacerse al tiempo de la celebración del contrato.
    2. No tiene en cuenta que el tipo de interés no se forma solo con el índice de referencia, sino también con el diferencial.
    3. No consta que los diferenciales aplicados a préstamos con Euribor fueran también más beneficiosos para el prestatario que los aplicados a préstamos con IRPH, sino justamente al contrario, y esto, lógicamente, sirve para hacer competitiva la oferta, puesto que a un índice de referencia que supone un tipo porcentual más alto que otros, como el Euribor, se le añade un diferencial menor.
    4. El préstamo es a largo plazo, y no podemos asegurar el comportamiento futuro del índice en relación con los demás índices legales.

Afirma que, en la práctica, la Audiencia acaba haciendo un control de precios, al declarar la nulidad de una condición general de la contratación porque el precio resultante sea más o menos elevado, lo que no es admisible.

Por eso, el Tribunal Supremo puntualiza que si se siguiera la argumentación de la Audiencia para declarar nula la referencia al IRPH, también habría que declarar nulas las referencias al Euribor en otros préstamos si en cualquier etapa de su vigencia la evolución del Euribor hubiera sido menos favorable para el consumidor.

La sentencia cuenta con el voto particular de dos magistrados que consideran que la cláusula que incorpora el IRPH no supera el control de transparencia. Pese a ello, consideran que el recurso de casación debería estimarse solo en parte, a fin de sustituir la referencia al IRPH por una referencia al Euribor, en vez de dejar el préstamo con interés cero, como había resuelto la Audiencia Provincial.

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STS: Improcedencia de la apreciación de la cosa juzgada cuando en la ejecución no hubo posibilidad de oposición

Interesante Sentencia del TS que reconoce la improcedencia de la apreciación de cosa juzgada cuando en la ejecución no hubo posibilidad de oposición.

La sentencia abre la puerta a reclamaciones por cláusulas abusivas (por ejemplo, intereses de demora) en ejecuciones hipotecarias ya finalizadas, siempre que mientras duró la ejecución no fuera posible la oposición:

Conclusión: improcedencia de la apreciación de la cosa juzgada cuando en el proceso ejecutivo previo no había posibilidad procesal para oponer la abusividad de las cláusulas contractuales que se aduce en el declarativo posterior

2.- Sin embargo, conforme a lo expresado en los fundamentos anteriores, dicha alegación no tiene en cuenta que cuando se despachó la ejecución y se requirió de pago a los deudores el entonces vigente art. 695 LEC no permitía su oposición mediante la alegación de la abusividad de cláusulas contractuales que hubieran servido de fundamento al despacho de la ejecución. Ni que la aplicación del control de oficio por el juez no era todavía una cuestión incontrovertida, al no haberse dictado aun en esas fechas la STJUE del caso Pannon

El TS considera cosa juzgada siempre que durante la ejecución se hubiera formulado oposición O HUBIERA SIDO POSIBLE hacerlo, pero no así cuando al tiempo del requerimiento la ley no lo permitía (con el anterior redactado del 695 LEC).

En el caso concreto enjuiciado, el actor perdió su vivienda en ejecución hipotecaria y POSTERIORMENTE presentó demanda interesando la nulidad de la cláusula de intereses de demora, petición que fue estimada, y como consecuencia solicitó el reintegro de las cantidades percibidas por intereses de demora por la ejecutante.

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Consumidor: Lo sigue siendo si la actividad económica realizada no es habitual.

Adjuntamos una Sentencia de Tribunal Supremo que confirma la linea jurisprudencial que mantiene sobre la necesariedad de habitualidad en la actividad económica para excluir a una persona física su condición de consumidora.

El caso concreto analiza una operación en la que la persona física tenía ánimo de lucro, por constar expresamente en el contrato, pero el Alto Tribunal determina que no sólo es necesario el ánimo de lucro, sino también la habitualidad exigida por el art. 1.1 del Código de Comercio para considerar que es actividad económica excluyente de la condición de consumidora.

3.- Desde este punto de vista, no consta que la Sra. Milagrosa realizara habitualmente este tipo de operaciones, por lo que la mera posibilidad de que pudiera lucrarse con el traspaso o reventa de sus derechos no excluye su condición de consumidora.

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Sentencia Juzg. 50 Barcelona sobre Gastos Hipoteca

Adjuntamos una sentencia dictada por el Juzgado nº 50 (bis) de Barcelona, especializado en condiciones generales de contratación, sobre GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA.

La sentencia determina a grandes rasgos lo siguiente:

  • Nulidad de la cláusula de gastos por abusiva, pero MODERANDO los efectos de dicha nulidad (a pesar de la jurisprudencia europea en el sentido de prohibir dicha moderación).
  • No devuelve AJD, por aplicación directa del art. 68 del Reglamento Hipotecario, en aplicación de múltiple jurisprudencia del TS (pero exceptuando la STS de 23/12/2015)
  • Devuelve gastos de Notario, Registro y Gestoría, pero ÚNICAMENTE EL 50% de ellos, por entender que benefician tanto al consumidor como a la entidad financiera.

En resumen, la sentencia entiende que la cláusula de imposición de gastos al prestatario (habitualmente cláusula quinta) es ABUSIVA, pero MODERA las consecuencias de dicha declaración de abusividad, al entender que al desaparecer la cláusula del contrato no puede deducirse quién es el obligado al pago, repartiendo por ello los gastos al 50% entre entidad financiera y consumidor, al determinar que la hipoteca beneficia a ambos por igual (al banco por el aval que supone, y al prestatario por la ventaja de un préstamo hipotecario frente a uno personal, en cuanto a plazo y tipo de interés).

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Bilbao considera la devolución de todos los gastos de hipoteca.

Nueva sentencia que declara abusiva la cláusula de imposición de gastos de constitución de la hipoteca al consumidor, dictada por el JUZGADO ESPECIALIZADO EN CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACION de Vizcaya (Juzgado de 1ª Inst. nº 11 de Bilbao).

La sentencia condena al Banco al pago de la totalidad de gastos, incluyendo el Impuesto de Actos Juridicos Documentados, con la salvedad de la minuta notarial, que considera debe repartirse equitativamente, al 50%, entre ambas partes.

La sentencia determina el proceso como de cuantía indeterminada, en un razonamiento válido para la mayoría de demandas de este tipo:

TERCERO.- Cuantía del procedimiento. En cuanto a la cuantía del procedimiento, que ha sido cuestionada por la demandada, la misma debe considerarse indeterminada por quedar comprendida en los supuestos del artículo 253.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Ello es asi en tanto que se ejercitan acciones declarativas de nulidad de cláusulas abusivas, de las que derivan, como ” efecto ex lege”, determinadas “consecuencias ineludibles de la validez” ( STS 102/2015 de 10 de marzo ) y donde la valoración de las mismas corresponde llevarla a cabo de oficio al juzgador. El ejercicio de estas acciones dota al proceso de un objeto que no se limita un mero interés económico propio de una reclamación de cantidad, que no puede calcularse conforme a las reglas legales de determinación de la cuantía y que no puede confundirse con aquellos supuestos en los que, con la acción principal se piden accesoriamente intereses, frutos, rentas o daños y perjuicios como sostiene la demandada. Ello es así porque en los casos de nulidad de cláusulas abusivas, los efectos de la declaración de dicha nulidad, como señala el Tribunal Supremo, se producen ex lege, sin que para la restitución de las cantidades que correspondan sea necesaria una petición accesoria relativa a una cuantía determinada impuesta por el principio dispositivo.

Sentencia Gastos Bilbao

Invalidez de la renuncia a la reclamación judicial por la cláusula suelo.

Adjuntamos una sentencia del Juzgado ESPECIALIZADO EN CLAUSULAS SUELO EN VIZCAYA (Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Bilbao) que determina la irrenunciabilidad de la acción de reclamación por abusividad de la cláusula suelo y por ende de la nulidad de pacto en dicho sentido.

La sentencia analiza la eficacia de un acuerdo entre la entidad financiera y el consumidor, por el cual la Caja Laboral (demandada en este asunto) consideraba que debía desestimarse la demanda por la existencia de dicho acuerdo.

Se alegó por la Caja que el pacto favorecía a ambas partes, puesto que se ahorraban gastos judiciales, y que se informó adecuadamente sobre las implicaciones de dicho acuerdo, por lo que era válido y debía tener como consecuencia la desestimación de la demanda.

La sentencia analiza y cita la normativa actual en defensa de consumidores (tanto la europea como la LGDCU), así como la doctrina y jurisprudencia actual, para determinar que todas ellas incluyen un principio según el cual los derechos y acciones otorgados a los consumidores son irrenunciables, y por tanto el pacto no tiene validez alguna.

Conforme a la jurisprudencia actual, si una cláusula es abusiva no sólo no existe, sino que debe considerarse que nunca ha existido, por lo que no es posible negociar sobre ella. La ineficacia de la cláusula abusiva conlleva la ineficacia de cualquier acuerdo sobre dicha cláusula, o en otras palabras, si la cláusula no existe, el acuerdo tampoco.

Como consecuencia de todo, la sentencia declara la abusividad de la cláusula suelo, y por ello la nulidad tanto de dicha cláusula como de cualquier pacto otorgado sobre ella, y todo ello desde el inicio del contrato, obligando a la entidad financiera a aportar un cuadro de amortización comparativo de la vida del préstamo con la cláusula y posteriormente sin ella.

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Cuando calificar como consumidor a una persona jurídica.

A veces se confunde el término persona física con consumidor, denegando a la vez la posibilidad de que una persona jurídica sea consumidor.

Adjuntamos un Auto que, denegando la consideración de consumidor del recurrente, resulta interesante por la aclaración que hace sobre cuándo puede considerarse dicha calificación.

Debemos recordar asimismo la STS de 3 de junio de 2016 (Pte: Sancho Gargallo, de Pleno), que partiendo de la doctrina contenida en la STJUE de 3 de septiembre de 2015, asunto C-110/14, caso Costea (el Sr. Costea es un abogado que había solicitado un préstamo), considera que “para decidir si el contrato está sujeto a la normativa de consumidores, lo relevante es el destino de la operación y no las condiciones subjetivas del contratante”; y la STS de 3 de junio de 2016 (Pte: Sancho Gargallo), insiste en que lo relevante es el destino de la operación y no las condiciones subjetivas del contratante, y excluye la aplicación de la normativa tuitiva de los consumidores en un supuesto en que “el préstamo fue solicitado para financiar un negocio, sin que sea relevante que este negocio formara o no parte de la actividad profesional ordinaria del prestatario. Lo verdaderamente relevante, …, es el destino de la operación, ajeno al consumo privado”.

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SAP Alicante que declara nulo el IRPH

La Sección Sexta de la Audiencia de Alicante se une a las de SalamancaMadrid, Alicante, Vizcaya y Alava, declarando NULO el IRPH entidades, por entender que no se supera el control de transparencia de comprensibilidad real de la cláusula.

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SAP Zaragoza – Nulidad de acuerdo privado para eliminar la cláusula suelo

Adjuntamos una reciente Sentencia de la SAP Zaragoza, de 23 de mayo de 2017, que declara NULO el pacto privado entre el banco y el consumidor eliminando la cláusula suelo a partir de la fecha de firma de dicho pacto.

La Audiencia entiende que la cláusula es nula radical, y por tanto no es posible su convalidación o ratificación.

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SAP Salamanca que declara nulo el IRPH

La Audiencia de Salamanca se une a las de Madrid, Alicante, Vizcaya y Alava, declarando NULO el IRPH entidades, por entender que no se supera el control de transparencia de comprensibilidad real de la cláusula.

La sentencia confirma el criterio del Juzgado de Primera Instancia, considerando que en el caso enjuiciado se trataba de una cláusula calificada de condición general de la contratación que no supera el control de inclusión o incorporación al no constar que se le entregase a los clientes (“consumidores”) la preceptiva oferta vinculante y además se le había omitido la información suficiente acerca de los distintos índices de referencia y su coste económico (segundo control de transparencia), etc.

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